Identificar las características de los consejos audiovisuales constituidos en España o las bases de la campaña de autorregulación en la publicidad de la Asociación de publicistas son parte importante del entendimiento y discusión de este tema.
Nadie duda de la legitimidad y la importancia del discurso publicitario en nuestra sociedad. Sin embargo, esa misma importancia hace cada día más necesaria también su regulación. El derecho, como disciplina de legislación, tiene dificultades para llevar a cabo esta regulación por las peculiaridades propias del discurso publicitario, lo que genera la necesidad de tener una herramienta de regulación eficaz: la autorregulación.
Debemos discutir acerca de las funciones y las ventajas que la autorregulación puede aportar en el campo de la actividad publicitaria sin olvidar que cada día su crecimiento es más exponencial.
La regulación es la normativa aprobada por los poderes públicos y es de obligado cumplimiento para todos los operadores de medios de comunicación. En consecuencia, son los propios poderes públicos los que controlan su cumplimiento y tienen la capacidad de sancionar las infracciones cometidas. Puede hacerlo el propio Gobierno o organismos independientes creados al efecto como son los Consejos Audiovisuales.
La autorregulación de la publicidad no es un fenómeno relativamente nuevo que está en plena actualidad. El primer código ético de la publicidad de importancia fue creado por la Cámara de Comercio Internacional en 1937 y, con varias modificaciones y ampliaciones, sigue vigente hoy y ha constituido un punto de referencia obligado en las diferentes iniciativas nacionales de autorregulación.
Las normas de autorregulación son compromisos éticos y deontológicos que las propias empresas audiovisuales y los profesionales de los medios asumen libremente, siguiendo un principio de auto-responsabilidad. Todas aquellas reclamaciones ciudadanas que no encuentren reflejo en la regulación pueden canalizarse a través de la autorregulación a modo de sugerencias y recomendaciones a los medios. Con ello, se contribuye a fomentar que los medios de comunicación no sólo cumplan la normativa sino que presten un servicio de calidad y respetuoso con los ciudadanos.
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